04 Dic ¿Hace falta crear un cuerpo superior técnico en Hacienda?
Su aprobación sería un instrumento idóneo y eficaz para conseguir hacer cumplir las leyes tributarias con generalidad
Reforzar la lucha contra el fraude fiscal y mejorar el control del gasto público son dos objetivos que, en opinión de nuestra organización deberían perseguirse durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado.
En este escenario, varios grupos políticos registraron el pasado martes cuatro enmiendas para crear un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, evaluar la economía sumergida y aumentar a medio plazo la plantilla de la AEAT, IGAE, TEARs y catastro entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos. Y, de repente, alzaron sus voces nerviosas quienes normalmente permanecen callados, advirtiendo de supuestos ascensos por decreto, olvidando la diferencia entre una ley y las normas dictadas por el Ejecutivo, y alegando que dichas enmiendas serían inconstitucionales sin aportar un solo fundamento jurídico.
Olvidan que la ley del Estatuto Básico del Empleado Público reclasificó a los cuerpos de funcionarios del hasta entonces grupo B, reconociéndoles la titulación universitaria, en el mismo grupo A en el que ya estaban los inspectores e interventores y otros muchos cuerpos, y olvidan las decenas de reclasificaciones similares que se han aprobado en distintos momentos.
También arguyen que se desviaría, aún más, el déficit presupuestario con una previsión de deuda pública cercana al 120% del PIB. Pues bien, el compromiso es que este Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) inyectaría 6.200 millones de euros adicionales al Tesoro Público, cuando el coste de este cuerpo ascendería hasta los 18,2 millones de euros, es decir, poco más del 1% de los gastos de personal del Ministerio de Hacienda.
La cuarta objeción es que, si los técnicos se integran en un cuerpo superior técnico A1, quién hace el trabajo de los técnicos A2. Evidentemente, ese trabajo los seguiríamos haciendo los técnicos superiores A1, con una estructura de los distintos centros del Ministerio más horizontal, transparente e impermeable a las injerencias políticas o de los grandes grupos económicos, al repartir las responsabilidades entre más personas, en vez de estar concentradas en unas pocas manos.
Las injerencias existen, me remito a los casos Cemex, Noos o las consecuencias tributarias de las donaciones irregulares a partidos políticos, casos en los que por cierto esas voces han estado mudas.
También callan ante los incumplimientos de legalidad detectados por el informe de auditoría de la Agencia Estatal de Administración tributaria en torno al pago de las retribuciones del personal funcionario. También silencian que cada uno de los siete altos cargos de la AEAT se embolsa unos 53.000 euros en incentivos y que los inspectores de Hacienda reciben más de 28.000 euros extras; mientras los técnicos de Hacienda apenas ingresan 9.500 euros, los agentes tributarios y el personal administrativo cobra un incentivo medio de 5.000 euros anuales, y el personal auxiliar no llega –de media– a los 4.000 euros anuales.
Frente a los argumentos falaces que se esgrimen contra la creación de este cuerpo, nunca hemos planteado una integración de los técnicos en los cuerpos de inspectores o interventores. También defendemos la convivencia de dos cuerpos de funcionarios del subgrupo A1, pues propugnamos una diferente atribución de expedientes por tipos o clases, así como de la adscripción de los puestos de trabajo a cada uno de los cuerpos de inspectores, interventores y CSTH, igual que actualmente conviven en el Ministerio más de 20 cuerpos de funcionarios del subgrupo A1.
Detrás de las airadas protestas de quienes rechazan el CSTH, está su interés por conservar el statu quo para mantener unos sueldos que superan de media los 100.000 euros, incluidos trienios e incentivos de 28.000 euros anuales.
A la vez que rechazamos participar en la guerra que parece que nos han declarado, los técnicos denunciamos que la generalidad del sistema tributario español falla. El último informe del FMI muestra que la tasa media de economía sumergida en España entre 1991 y 2015 fue del 24,52%, frente al 16,6% de la eurozona. Es decir, nuestro país sufre un 65% de economía sumergida más que la media europea.
Por ello, la creación del un cuerpo superior de técnicos de Hacienda sería un instrumento idóneo y eficaz para hacer cumplir las leyes tributarias con generalidad. Además, la evaluación oficial de la economía sumergida de forma periódica aportaría la información científica para saber en dónde se deben concentrar los esfuerzos y posibilitaría valorar el funcionamiento real de la AEAT. Por su parte, el aumento de plantillas en el Ministerio mejoraría el control del gasto público, el control de legalidad tributaria en los TEAR y la reducción del fraude fiscal.
Este cuerpo integraría al 83,4% de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en las áreas operativas de la AEAT, el control de la legalidad en los tribunales económico administrativos y al 90,8% de los funcionarios del grupo A con competencias superiores en las áreas operativas del control del gasto público y de las subvenciones de la IGAE.
De igual modo, normalizaría las comisiones de servicio de los técnicos de Hacienda cuando son enviados, como Expertos Nacionales (END), a la Comisión Europea u otras administraciones de la Unión Europea, las cuales reconocen el nivel superior a sus funcionarios homólogos a los técnicos españoles, de forma coherente con el grado universitario que poseen y con el nivel técnico de las pruebas exigidas para su reclutamiento.
En paralelo, el CSTH posibilitaría concentrar la investigación tributaria en los delitos fiscales y fraudes más abultados, mientras que particulares, autónomos y pymes podrían recibir cartas detallando las eventuales discrepancias para que puedan justificarlas o, en caso contrario, presentar voluntariamente declaraciones complementarias.
Por todo ello, confiamos en que la Ministra de Hacienda valore estas cuestiones y facilite al Grupo socialista que ofrezca una transacción o acepte las enmiendas señaladas para votación separada en el pleno del Congreso, cuyo debate concluye este jueves día 3, para que sea posible reducir la economía sumergida en nuestro país.
José María Mollinedo es Secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha)
Fuente: www.cincodias.elpais.com